7/6/09
El alcalde eumés, el popular Gabriel Torrente, dice que un recurso presentado a principios de año por el Concello a una sentencia judicial es, a día de hoy, lo único que actualmente juega a favor del Concello en el sentido de demorar la ejecución de un derribo que pesa sobre las tres viviendas unifamiliares que, con el tiempo, ha quedado demostrado que son ilegales.
La irregularidad parte, como se recordará, de la ejecución de la obra en base a un acuerdo de Gobierno local, lo que ahora ha pasado a denominarse Xunta de Goberno Local, cuando se trataba de suelo rústico y, además, estaba afectado por la Ley de Costas. Es precisamente en estos aspectos en los que ahora se basa el dueño de una de las propiedades para reclamar de las arcas municipales una recompensa económica por haber pasado por alto matices urbanísticos que han tenido tan traumáticas consecuencias, sobre todo económicas. El alcalde, al margen de matizar que la mala praxis hay que situarla en el último mandato socialista al frente de la institución municipal, también pone de manifiesto su intención de “llegar hasta las últimas consecuencias, sin descartar ningún tipo de acto, para salvaguardar los intereses del Concello”. En este sentido, recalca que también es labor del alcalde “exigir explicaciones de por qué se ha concedido una licencia sin tener unos informes que avalasen dicha construcción” y apunta que al final serán los vecinos los que tengan que pagar la irresponsabilidad de los anteriores mandatarios. Por otra parte, Torrente anuncia que tiene intención de “estudiar toda la cadena de responsabilidades desde el momento de la concesión de las licencias“ y que, al margen de esto, también adelanta que solicitará informes de Secretaría, Intervención y Urbanismo para que analicen los expedientes y conocer así el alcance económico exacto de la reclamación.
